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Aunque los medios de comunicación dicen que esta ley sirve para promover la Sociedad de la Información, en mi opinión algunos contenidos de esta ley son tremendamente perjudiciales para la sociedad. He aquí mis razones (y las de muchos otros también, por supuesto):

• 1. Regula el cierre administrativo de sitios web
• 2. El canon digital continúa
• 3. El canon en más dispositivos
• 4. Los políticos se aprovechan del atractivo de Internet

1. Regula el cierre administrativo de sitios web

Otra ley que supuestamente servía para regular el comercio electrónico (LSSICE), establecía hasta ahora que sólo un juez puede dictaminar el cierre de un sitio web. Esta ley fue muy polémica en su día, sobre todo porque en su borrador pretendía que se pudiesen cerrar webs administrativamente (también calentó mucho el ambiente el que estableciese que todos los Proveedores de Servicios de Internet guardasen todos los movimientos de sus clientes durante 12 meses). Se originó un gran movimiento social en contra de esta ley (aunque también había quien abogaba por un profundo cambio de la misma), y finalmente la LSSICE estableció que sólo un juez podía dictaminar el cierre de un sitio web.

Con la ley LMISI los partidos políticos más importantes han vuelto a intentarlo y aunque muchas asociaciones de usuarios de Internet han realizado iniciativas en contra, esta vez los censuradores han logrado lo que querían sin demasiadas trabas. Eso significa que desde el uno de enero sin que ni siquiera intervenga un juez, un funcionario del gobierno o algún consejero como la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) puede decidir a su arbitrio el cierre inmediato de cualquier sitio web y además imponer multas gigantes. Tal y como denuncian AUI y AI (IE no dice ni mu), esta ley quebranta derechos fundamentales de los usuarios de Internet: la libertad de expresión, el derecho a informarse y la libertad de opinión.

Por si esto fuera poco, las órbitas gubernamentales afirman que esta ley sirve para actuar más eficazmente contra las webs del entorno de Batasuna. ¿Eso qué significa? ¿Que los partidos políticos que no le gustan al gobierno los puede ilegalizar un juez (gracias a la Ley de partidos) pero los sitios web que no le gustan al gobierno puede cerrarlos incluso un funcionario (gracias a la ley LMISI)? Si eso es así, esta no es la ley para impulsar la Sociedad de la Información, sino la ley para impulsar la Sociedad del Silencio.

2. El canon digital continúa

Grabar con un canon a todo dispositivo capaz de almacenar o copiar información digital es muy perjudicial. Según la legislación española, los músicos, los escritores y otros creadores deben recibir dinero cada vez que se haga una difusión pública de sus trabajos. Como resulta imposible controlar todo lo que se hace en radios, bares, fotocopisterías y demás, el gobierno español en lugar de garantizar él mismo el cumplimiento de este derecho, lo que hace es legislar indicando únicamente que debe garantizarse. De ahí surgieron SGAE, DAMA, CEDRO y similares sociedades de gestión privadas. Como son privadas, no tienen que rendir cuentas sobre la forma en que gestionan el poder que se les ha otorgado. Por eso tenemos un canon digital y no un impuesto digital. Por eso cada entidad de gestión cobra como quiere (sacando el dinero a los medios de difusión y a las empresas con prácticas mafiosas) y reparte el dinero como quiere (riéndose a la cara de los autores, sobre todo los pequeños, cuando debería defenderlos). Es la legislación española la que les da la opción y la protección a estas entidades privadas de cometer todas estas injusticias.

Hace pocas semanas, cuando la ley LMISI (que entre otras cosas establecería los nuevos precios del canon digital) estaba en trámites de ser aprobada, se levantaron voces en contra del canon dentro del Congreso de los Diputados. Esto creó mucha espectación, pero finalmente no ocurrió nada y la ley se aprobó tal y como estaba (como veremos luego, el PP utilizó este tema para obtener protagonismo). Por tanto, el injusto canon digital sigue vigente. Los autores seguirán aguantando que la SGAE gestione sus derechos como les salga de las narices (si por ejemplo un grupo de música que está en la SGAE participa en una actuación benéfica, la SGAE se llevará parte de lo cobrado quiera o no quiera el grupo). Las radios, los bares, los ayuntamientos, los organizadores de conciertos y cualquiera que difunda música en directo o grabada, tendrá que ver como la SGAE se beneficia una y otra vez, acordando los importes con métodos mafiosos. Y por último, los ciudadanos de a pie, tendrán que seguir pagando un canon por todos los dispositivos que utilicen para grabar o almacenar cualquier información digital (fotos de viajes, documentos del trabajo o los estudios, vídeos familiares…) como si siempre estuviesen copiando música de algún grupo afiliado a la SGAE. Verdaderamente penoso.

3. El canon en más dispositivos

Por si todo esto fuera poco, si antes pagábamos canon por los CDs y los DVDs, ahora pagamos canon por más tipos de dispositivos: dispositivos MP3, llaves USB, tarjetas de cámaras de fotos, teléfonos móviles, nuevos dispositivos como MP4 y PDA, etc.

Por tanto, cada vez que guardes las fotos hechas con tu cámara en un CD (¡la mayoría de la gente hace eso!), pagarás el canon dos veces cuando en realidad no deberías pagarlo ni una sola vez. Cada vez que te bajes una canción para el móvil, pagarás el canon dos veces cuando en realidad sólo deberías pagarlo una vez (suponiendo que ese grupo sea de la SGAE claro). Y tal y como ha ocurrido hasta ahora, cada vez que copies tu sistema operativo libre favorito en CDs o cada vez que una empresa haga copias de seguridad de sus datos, seguiremos dando dinero a la SGAE. Sí, ya sé que todo esto no tiene sentido, pero es lo que el Congreso de los Diputados ha decidido.

4. Los políticos se aprovechan del atractivo de Internet

Cuando se aprobó la ley LSSICE que antes he mencionado, el PP se encontraba en el gobierno y el PSOE en la oposición. El PP estaba a favor del cierre administrativo de sitios web y el PSOE en cambio no. El socialista Rubalcaba por ejemplo, se mostró contrario a esta ley en más de una ocasión (decía que era “la ley de censura del ciberespacio”) y me llegó a responder a una carta que envié a todos los diputados españoles pidiéndoles que rechazaran aquella ley. Luego el PSOE ganó las elecciones, no hizo absolutamente nada en contra de esta ley y tal y como se ha dado cuenta más gente, además ahora ha sacado adelante en la misma línea la nueva ley LMISI.

Pero los políticos que al llegar al poder han hecho lo contrario de lo que decían previamente son incontables y no quiero criticar únicamente a una persona o a un partido. El PP también ha cambiado su opinión, puesto que cuando estaba en el poder estaba a favor del canon digital y ahora en cambio, para sorpresa de todos, su presidente lo ha criticado duramente (y encima por motivos equivocados). En mi opinión, los motivos principales de estos vergonzosos cambios de opinión son dos: por un lado, el incalculable poder de la industria musical a nivel mundial y por otro lado, que todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías resulta muy atractivo y moderno frente a los votantes. Por desgracia, estos temas relacionados con la red y las nuevas tecnologías (y también otros muchos temas) no son más que armas arrojadizas en las continuas reyertas entre los partidos políticos. Mientras se dedican a birlarse votos los unos a los otros, la sociedad de la información se está conformando y las irresponsables actuaciones de los políticos influyen sobremanera sobre su estructura y su naturaleza. No sé si los políticos se dan cuenta siquiera de ello.

Para terminar, quiero subrayar que esta ley, que afecta a millones de personas bajo la legislación española, supone un duro golpe a la libertad de expresión y también un desangramiento económico totalmente injusto. Si realmente respetan los derechos fundamentales de la gente, no pueden crear leyes tan injustas como esta para ocultar su incapacidad de solucionar ciertos temas.

Corrección (2008/01/07): Según la lectura que hace de la ley el abogado David Maeztu, las Entidades de Gestión no tienen poder para cerrar ninguna web. “Sólo” los jueces y los funcionarios de la administración pueden.

Corrección (2008/01/09): Tras este debate, he decidido eliminar la mención al PNV. En mi opinión, no están en contra de las características más perjudiciales de esta ley, pero tampoco se puede decir que estén a favor. Por tanto, como las cosas no están suficientemente claras, prefiero no afirmar nada al respecto.

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